Cierra filas, cierra espacios

Andrés Cabanas, 28 de mayo de 2017. Fotografía: Colectivo MadreSelva

La continuación del proyecto Oxec en territorio q´eqchi´ recalca la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses empresariales. Corresponde ahora proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos. Corresponde soñar un país distinto.

Las presiones empresariales convirtieron el proyecto hidroeléctrico Oxec en cuestión de Estado y obligaron a la Corte de Constitucionalidad a una decisión favorable a este proyecto. El resultado es un contrasentido: una resolución que reconoce violación del derecho de consulta, en primer lugar, aceptando acto seguido que los violadores continúen desarrollando su negocio.

Según decisión de 26 de mayo, nuestra amada Corte de Constitucionalidad (CC)  "da sin lugar los recursos de apelación presentados por la empresa Oxec y por el Ministerio de Energía y Minas" mas sin embargo "permite la continuación de la actividad empresarial durante al menos doce meses".

Una empresa y un proyecto ilegítimo e ilegal puede continuar operando. Sin ser abogado puedo ver la paradoja de una decisión judicial que reconoce que no se hizo la consulta, pero lo acepta al permitir que la empresa siga produciendo energía. Es “un sí pero no, dado de la manera más servil”, afirma José Cruz, miembro del Colectivo MadreSelva y acompañante de la resistencia comunitaria.

Para rematar, una pirueta juridico-política empeora la decisión, al ordenar la CC que se realice la consulta pendiente (sí, la que el Convenio 169 y la propia CC definen como previa, libre e informada).

Si la consulta previa, libre e informada ya no es posible, ¿qué consulta propone la Corte? La consulta “posterior, perseguida y desinformada” afirma el abogado Sergio Vives, es decir, la consulta cuando "ya los proyectos operan y la población sufre persecución política y es objeto de intimidación y estrategias de persecución" (José Cruz).
Es un callejón de salida única: durante la discusión de Construcción de Estándares Básicos para las consultas comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de 2016, sectores empresariales proponen la homologación retroactiva de los proyectos en ejecución y la consideración de la consulta como indicativa y de carácter negociador, no como posibilidad de decisión de las comunidades. Es de temer que estos y otros aspectos similares iluminen la propuesta de consulta sobre Oxec en las comunidades.

Funcionaron presiones a la Corte de Constitucionalidad

Durante meses, una intensa campaña mediática equiparó Oxec con progreso, abogó por la seguridad y la certeza de inversiones y amenazó con pérdida de empleos (60,000 en el sector hidroeléctrico, 1,600 aproximadamente en Oxec), incremento de 40% en la tarifa de la luz y caída de la  inversión extranjera  (“índice de confianza de inversión extranjera directa”), si el proyecto Oxec era suspendido de forma definitiva.

La campaña criminalizó a comunidades y organizaciones sociales (logró extender orden de captura contra uno de los dirigentes, Bernardo Caal Xol, 29 de marzo) e hizo una fastuosa y peligrosa equivalencia: defender Oxec es defender a Guatemala; por tanto, los  opositores son malos guatemaltecos. Descalificación de luchas, datos sin contexto,  estrategia del miedo y polarización fueron los principales argumentos utilizados, que finalmente enredaron a la Corte.

Días antes de la publicación de la resolución, el director de El Periódico publicó un artículo de opinión donde planteó que la CC decidiera a favor de “privilegiar el progreso de la Nación y proteger al país de los francotiradores” (16 de mayo, página 3). En las mismas fechas, los empresarios propusieron el mecanismo de la “consulta reparadora”, como forma de legalizar los proyectos que se hubieran saltado el engorroso trámite de consultar a las comunidades. Tal cual, con otras palabras, decidieron los magistrados.

La Corte cerró filas con los poderes empresariales involucrados directamente en el proyecto y con las élites, temerosas del  mal ejemplo de la paralización de un proyecto. Fuera del debate (una vez más) queda la violación de los derechos de comunidades y el pueblo q´eqchi´ afectado por la construcción del proyecto: entre otros, derecho de consulta, derecho al territorio, derecho a la participación sin persecución, derecho al agua, derechos de los ríos y la naturaleza, derecho a decidir el modelo de organización y el modelo económico, derecho a la libre determinación.

CC cede a presiones: resuelva a favor del proyecto Oxec

La  resolución de la CC es una de aquellas que refleja “quedar bien con  Dios y con el Diablo”. En teoría, el Estado, por medio del Ministerio de  Energía y Minas (MEM), debe realizar la consulta de acuerdo a lo  expuesto en el Convenio 169.
Pero por otro lado, queda bien con el  empresariado, sobre todo con los vinculados directamente con el  proyecto hidroeléctrico entiéndase los prestamistas bancarios  guatemaltecos quienes se pronunciaron por medio de la Cámara de Finanzas  y, principalmente, por el gerente general del Banco Industrial, Diego  Pulido, y otras cámaras como la de Industria, o agrupaciones como AGER y  FUNDESA.
Son millones de dólares en juego. Tal como citó  elPeriódico, el banquero Pulido, refiriéndose a la situación de la  cartera crediticia, indicó que el caso de Oxec “le hace mucho daño  porque las inversiones buscan seguridad”. “La demanda de crédito ha  disminuido por la incertidumbre y el cambio de Gobierno, los  funcionarios no toman decisiones, pero es un proceso que deberá ir  pasando y generar confianza”, manifestó.

Abrir otros espacios de lucha y organización

El Estado corporación (Gustavo Castro), construido por y a la medida de las élites, continúa intacto. Aunque existe margen para la acción jurídica en el sistema internacional, la empresa continuará “construyendo, operando, explotando, destruyendo, y las reparaciones no llegan siempre”, recalca el abogado Juan Castro.

Parece evidente que este Estado, en este sistema de justicia, con esta Corte de Constitucionalidad y esta institucionalidad, no hay futuro para los derechos colectivos. “El nudo es una resolución plagada de vulgaridad pero sobre todo, de ilegalidad, contraria al bien común y a los derechos de los pueblos indígenas, con severas violaciones al derecho internacional, por lo que socialmente, debería ser rechazada en el acto”, opina el político  de izquierdas Miguel Ángel Sandoval.

El sistema siempre cierra espacios y se cierra, refractario a los cambios, enrocado sobre un poder y un discurso construidos a partir de certezas simples (desarrollo, progreso, individuo, continuidad) y miedos profundos (a lo indígena, la participación colectiva, la participación y decisión de las mujeres, el cambio, la construcción plural y diversa).  “El Estado solo sirve de instrumento opresor para defender los intereses de la élite” indica un comunicado de la Alcaldía Comunal Santa Rita Salcajá sobre la decisión de la CC.

Corresponde entonces fortalecer otras formas de organización, un nuevo pacto social desde los pueblos, un proceso asambleario y constituyente más allá de los límites de esta legalidad e institucionalidad, de este Estado (fracasado, no fallido) en vías de extinción, más allá incluso de nuestros sueños tradicionales. Lo tenemos que hacer: por los ríos y la vida amenazada, por los perseguidos y por los presos, por los derechos irrenunciables.
 
 

 
 
 
 

Más allá del horror: país en disputa


Brenda Domínguez, estudiante arrollada durante manifestación. Fotografía familiar

En el escenario del horror que se llama Guatemala se criminaliza a niños estudiantes que participan en una manifestación pacífica y, con similares argumentos, se persigue a líderes de la resistencia frente a proyectos de despojo. Los mismos voceros y “call center” se preguntan: por qué salen a protestar, por qué bloquean calles y carreteras, por qué hacen bochinche, por qué no se quedan en sus casitas, por qué no quieren desarrollo.

En el caso de los estudiantes violentados[1], la pirueta argumental obvia un hecho que nos condena como sociedad (el atropello voluntario y consciente de jóvenes) y una actitud delictiva (el asesinato cometido por el conductor) para centrar nuestras discusiones en la responsabilidad de los padres y maestros que permiten a los alumnos manifestarse y, por fin, en la impertinencia de los jóvenes por salir a las calles en vez de aguantarse calladitos. Aunque la economista Mara Luz Polanco nos recuerda que “equiparar la acción del delincuente que atropelló a los estudiantes con la acción de manifestar es ser moralmente cómplice”, buena parte de la sociedad considera a las víctimas como culpables, una vez más.

En este constructo ideológico, de valores y, finalmente, de lenguaje, una palabra clave es responsabilidad. La pronuncian al unísono quienes adversan reformas constitucionales y los empresarios que incumplen sus obligaciones fiscales y utilizan la violencia. Otra palabra repetida es unidad, comprendida como unidad alrededor del poder, frente a lo excluido (múltiple y diverso) que reclama condición de sujeto.

El problema es que las mentadas responsabilidad y unidad nos llevan a soportar o justificar mafias, mientras desprotegemos la dignidad de las mayorías. Así, somos bipolares: el país campeón en estabilidad macroeconómica y apoyo a la inversión empresarial versus corrupción, desnutrición, pobreza crónica, asesinatos, destrucción medio ambiental, desvío de ríos para monocultivos, pérdida de bosques, agua y diversidad, irrespeto colectivo a la vida.

Actuamos de forma vehemente para favorecer los intereses de unos pocos pero nos ausentamos cuando se trata de fortalecer la convivencia solidaria y los derechos colectivos. Más que consecuencia, la violencia y la injusticia cotidianas y de todos los colores son la esencia de este Estado y esta sociedad, que deifica el dinero, fortalece la competencia y el individualismo, considera los derechos como amenaza, se asusta de su pasado y niega el futuro.

Crisis e inestabilidad: fin de ciclo

Sin embargo, este modelo económico, político y social se encuentra en un callejón de difícil salida. El sistema vigente, inmutable en su esencia, hasta hace poco estable políticamente (recambio electoral cada cuatro años), con capacidad de reconfiguración y de neutralizar la oposición, está en crisis.

Esta crisis viene determinada, por un lado, por disputas internas de elites y disputas geoestratégicas, que no logran definir un nuevo pacto político, una vez agotado el ciclo político del 85 (Constitución), renovado en 1993 (sustitución de Serrano Elías) y 1996 (firma sin voluntad de cumplimiento de los Acuerdos de Paz). Estas disputas presionan para la continuidad tal cual del modelo o para reformas controladas.

Por otro lado, la crisis se agita por la indignación ciudadana (desde abril de 2015, centrada en la lucha contra la corrupción y las reformas políticas) y la impugnación histórica (desde 1524) que propone una sociedad construida desde la visión de los sectores populares, con carácter plurinacional: la ruptura para la transformación del sistema.

Cambiar el modelo económico y político. Transformar pensamientos y sentires

El escenario del horror que se llama Guatemala es también territorio de sueños, acción colectiva y esperanza. La disputa contra el terror normalizado llega repleta de “resistencias y profundidad”, como afirma María José Rosales Solano, lesbianafeminista y anti-racista. Se multiplican las formas de decir no y de afirmar (construir): la costumbre, la tradición, la cultura, el tejido, el maíz, la cosmovisión, la identidad, las manifestaciones de estudiantes, concebidas como primera escuela de ciudadanía y participación, las luchas territoriales por la autodeterminación…

Sandra Xinico Batz, antropóloga maya kaqchikel, considera que “la importancia de no perder la memoria radica precisamente en la necesidad de percatarnos de que la cosa no se pone mal ahorita porque desde hace varios años viene desmoronándose para nosotros (los pueblos). Seguimos saliendo a las calles mientras la realidad no cambie y con la esperanza de que en el futuro no tengamos que volver a salir a demandar”.

Transformar la violencia, la desigualdad y la injusticia normalizadas en una Guatemala de solidaridad y construcción comunitaria es nuestro gran reto. La articulación de programas, acciones y sujetos (organizaciones y actores) es condición sine qua non para convertir esta coyuntura en corriente de transformación que quiebre el Estado y el régimen actual.

Complejizar la acción política; entender que una nueva sociedad solo es posible si nos organizamos y trabajamos de forma diferente; combatir un sistema de dominación múltiple desde espacios plurales, complementarios e interconectados; vincular las propuestas de reformas inmediatas con las reformas estructurales; conectar actores urbanos y comunitarios;  apostar a la transformación del poder para lograr la toma del poder político… son apenas inquietudes y tareas pendientes.

Plantear los retos como dudas es una manera pedagógica de abordarlos:

¿Cómo complementamos sin jerarquizar demandas inmediatas con las propuestas de transformación raizal del régimen actual? Una lucha enfocada en la corrupción es importante y con potencial de acumular, pero limitada sino aborda los problemas desde la estructura y desde todos los territorios.

¿Cómo debatimos y planteamos alternativas al modelo económico, el extractivismo y el  despojo? ¿Cómo logramos que el debate sobre el despojo y sus consecuencias (por ejemplo, presos políticos) no sean monólogo de comunidades indígenas y rurales, silencio de comunidades urbanas? Hoy por hoy, conciliar “derechos” de las empresas extractivas con derechos de las comunidades nos lleva a una espiral de violencia y reducción de derechos.

¿Cómo avanzamos hacia un nuevo pacto social más allá de los pactos de elites tradicionales? Por ello, ¿cómo fortalecemos la construcción desde abajo y el protagonismo de pueblos, comunidades y sectores populares, en detrimento del protagonismo histórico de sectores urbanos? Esto obliga a pensar otras formas de movilización y sujetos plurales y colectivos para salir de la crisis y reconstruir nuestro futuro.

¿Cómo actuamos más allá de la política estadocéntrica, para ir más allá del Estado actual? En Notas para una política no estadocéntrica[2] Amador Fernández Savater nos invita a abrir nuevos “planos de lucha”, construyendo un cambio “multicapas y multicanales”, a partir -entre otros- de cambios en las subjetividades.

Lo que vivimos hoy (masacre en Hogar Seguro, atropello de estudiantes, imposición de empresas sin consulta, persecución de dirigentes sociales, gobierno de mafias y/o ineptos, parálisis de reformas políticas, desnutrición, pobreza…) es la evidencia de un Estado construido por y para las elites, y de la preeminencia de valores sociales moldeados al antojo de aquellas, históricos pero caducos.

Lo que hacemos día a día y de formas múltiples es la disputa por un nuevo sentido común de la sociedad: la vida sin muertes innecesarias, sin miedos inoculados, construida desde todas y todos, con solidaridad, comunidad, justicia, dignidad, en plenitud.

Andrés Cabanas, 9 de mayo de 2017

[1] El 26 de abril un automovilista arrolló a estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales II, en la Calzada San Juan de la Ciudad de Guatemala. Los estudiantes demandaban desde hacía meses mejoras educativas. El automóvil aceleró a pesar de que varias niñas y niños estaban bajo sus ruedas. Doce estudiantes resultaron heridos, una joven fue asesinada. Ver también https://pensamientosguatemala.org/2017/03/22/paisaje-despues-de-la-masacre

Derrotar el modelo de exclusión


En demanda de la libertad de Abelino Chub Caal y el fin de la persecución política.

Malos tiempos para la protesta y el ejercicio de derechos. Grandes y pacíficas movilizaciones son calificadas en medios de comunicación como desorden, ruido, caos, bloqueo a la libertad de locomoción (ejemplo, 7 de marzo, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA).

Los promotores de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico nos ponen en riesgo a todos, nos colocan en la incertidumbre y dividen, con irresponsabilidad, según opiniones de sectores empresariales.

Comunidades indígenas que ejercen su derecho de decisión aparecen en comunicados de prensa promovidos por organizaciones empresariales como responsables de la subida de la luz, la escasez de energía, la huida de la inversión por inseguridad jurídica, la pérdida de empleos.

Dirigentes son perseguidos y encarcelados por defender su territorio, el agua y la tierra como elementos de vida, tal y como sucede con Bernardo Caal en Santa María Cahabón y el líder q´eqchi´Abelino Chub Caal en el Polochic. 

Si usted no se cree la agresividad verbal de esta campaña,  vuelva a escuchar los 108 segundos más intensos de la radiodifusión nacional, un anuncio que se multiplicó durante el debate de las reformas constitucionales y el pluralismo jurídico: en el mensaje reproducido de forma profusa, los empresarios reivindicaron igualdad, seguridad, certeza y responsabilidad (situación actual) y alertaron contra reformas que nos ponen en riesgo, en la incertidumbre y nos afectan a todos (situación que se daría de aprobarse las reformas).

Si usted no lo cree, revise los comunicados y declaraciones empresariales sobre la reglamentación del derecho de consulta: invalidan la consulta al reducirla a diálogo; plantean la homologación retroactiva de los proyectos en marcha, aunque no hayan realizado consulta ni diálogo;  contraponen intereses de sectores (pueblos y comunidades) al interés general legítimo, representado en el Estado.

Fin y principio del debate

Entre el Armageddon y la debilidad argumentativa: la defensa de la libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad privada, de la  Certeza Jurídica y el Índice de Confianza de Inversión Directa en el país (cámaras empresariales), obvia el derecho de pueblos  y comunidades a decidir si quieren proyectos, empresas y lo que algunos llaman desarrollo pero se parece demasiado al despojo. Obvia asimismo las consecuencias profundamente destructivas del accionar irrestricto empresarial: el modelo extractivo defendido por los empresarios despoja y se impone por la violencia, en un marco de democracia muy restringida.

Las campañas de comunicación empresarial cierran discusiones incómodas desde el punto de vista de un poder construido sobre verdades inmutables y nada discutidas: verdades establecidas al antojo de las elites dominantes, sin espacio para el ejercicio del poder de pueblos, comunidades y organizaciones.

En la trastienda de la historia oficial, se ocultan  debates de fondo: el debate sobre el colapso histórico de un Estado y un modo de organización construido con violencia y exclusión; el debate sobre el modelo de desarrollo, el racismo, el patriarcado, el capitalismo; el debate que nos interroga y nos hace ir más allá de lo conocido: ¿es posible un modelo económico sin extracción de recursos, con respeto a la naturaleza y a la población, que tenga en cuenta no solo la ganancia inmediata, sino el bienestar de las generaciones actuales y futuras?  Tiene que ser posible, porque “conciliar” derechos de las empresas extractivas con derechos de las comunidades nos está llevando a un callejón sin salida, como evidencian las comunidades de Costa Sur tan ricas en monocultivo y desvíos de ríos como carentes de agua.

Construcción plural desde abajo frente a un nuevo pacto de elites

El 29 de marzo, en una decisión histórica, la Asamblea salvadoreña aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Una versión preliminar de la ley incluía en sus considerandos (finalmente no incorporados al texto) la reivindicación del interés público y el bien común, la necesidad de la preservación de la riqueza natural del pais para las generaciones actuales y futuras, al tiempo que declaraba la soberanía y libre disposición sobre los territorios y los bienes naturales.

Lo que el proyecto dice, al margen de otras lecturas de política interior, es que el modelo de exclusión puede ser cuestionado. La condición es que lo pensemos y construyamos entre todos, con protagonismo desde abajo de pueblos, comunidades y sectores populares.

No sirven los diálogos de los de siempre, concebidos para distraer y no para resolver los conflictos, sin otra agenda que la seguridad de inversiones, los derechos de las empresas, la constitucionalización de la propiedad privada, el Estado de Derecho entendido como el derecho a hacer negocios. Tampoco parecen suficientes esfuerzos desarticulados y movilizaciones aisladas.

La crisis profunda de este Estado y este modelo autoritario y excluyente nos obliga a pensar nuevas formas de organización y sujetos plurales y colectivos que superen la historia de violencia y construyan, desde este presente hecho por unos pocos, el futuro de todas y todos.

Autor: Andrés Cabanas, 10 de abril de 2017.

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