Resistencias masivas frente a la agresión permanente

Andrés Cabanas, 26 de mayo de 2014
El desalojo violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las intensas amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra actores en resistencia.

La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial. 

El marco contextual, jurídico y político de las recientes agresiones
El lujo de fuerza (física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de las empresas transnacionales, empresarios locales y actores institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la profundización del modelo de acumulación.

Así, los recientes ataques se apoyan en medidas de corte político y jurídico que institucionalizan la agresión. Entre otras:

la elaboración de una batería de leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares, ley de servidumbres en discusión);

la defensa de los derechos de las empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y empleo);

la apertura de un nuevo ciclo en el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la criminalización?;

la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por terrorismo);

la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las comunidades?;

la consolidación del gobierno (o la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;

el llamado (
efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;

el (re) empoderamiento del Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil (fuerzas élite de combate). 

La ampliación del periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un modelo personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas. 

El pacto de la impunidad (para el fin del juicio por genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de la oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza. 

La agresión estructural 
Inserta en una coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo, estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.

El avasallamiento opta “por una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica “atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal, institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la invalidación de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras infinitas) y donde el enemigo es la otredad en todas sus formas, sobre todo aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.

Así, la agresión contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva, avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas. Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso, las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política desmovilizadora, un efecto ejemplificador. 

Defensa del optimismo
El carácter estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte en indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación. El otro, el enemigo desconocido que menciona Ana Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo, convertido en símbolo de lucha. 

Los análisis de actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales mencionan intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y crece en sus dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y la identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.

Es irreal pensar que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la generación de riqueza a partir de la destrucción ambiental y social). Pero no es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a condición de… La condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en condiciones organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse en realidad:

Si utilizamos todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso, funcional a la reproducción del sistema.

Si entendemos y analizamos mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...) 

Si promovemos formación y análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.

Si no caemos en la provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva armada del capital.

Si acumulamos, y por tanto concebimos la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.

Si no existe una sola estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción política unificada (Domingo Hernández Ixcoy).

Si politizamos la indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno a la indiferencia.

Si no imaginamos o exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos, comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como insuperables, las debatimos y solucionamos.

Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo. 

Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.

El proyecto de acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la interrelación y disputa de actores y proyectos.

Se trata de revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder, frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya, símbolo de la resistencia, cae.

Lo que sucede en realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.

Lo que sucede es la constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad

Lo que sucede es que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.

Se cierra un campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas. 

La agresión permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un país y un mundo de todxs y para todxs.

Democracia vs. dictadura

Continuación del debate y la acción política [1]
Control político y saqueo de instituciones (aduanas, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). Centralización de la toma de decisiones por el Presidente (autoritarismo). Aprobación de leyes sin debate. Ampliación de exenciones y favores fiscales a las empresas (a partir del control de la Superintendencia de Administración Tributaria y la discusión de la Ley de promoción de inversiones y empleo, que operan en detrimento de la recaudación de miles de millones de quetzales para salud, educación, vivienda…). Legitimación de la violencia. Expansión del individualismo y el mercantilismo (la solidaridad en horas bajas) como valores fundamentales: de la persona y la “nación”. Restricción de libertades (opinión, participación, movilización, oposición, resistencia) y persecución del ejercicio de las mismas. Anómala selección de candidatos para Jefe del Ministerio Público, cuando algunos de los mejor calificados no acceden a la elección final (“pacto de impunidad”)[2].

Este es el panorama, esta es la radiografía de un régimen de derechos en entredicho y una institucionalidad construida en función de intereses privados mercantiles. ¡Alto! la dictadura guatemalteca está en reconstrucción, aunque utilice perversamente las leyes y las formas representativas para expandirse.

El poder se cierra y protege a sí mismo. El Congreso aprueba leyes que favorecen a las empresas transnacionales y locales, que a su vez financian/sobornan partidos, los cuales operan intereses de economía formal y/o criminal, todo ello bajo la mirada complaciente (no omnisciente pero autoritaria) del Presidente, y la legitimación de reproductores ideológicos de la opresión como los medios de comunicación, los cuales avalan y fortalecen el poder violento y un sistema de impunidad auspiciado por abogados y operadores de justicia, muchos de los que son elegidos por el Congreso, que aprueba leyes que favorecen a las empresas.

En su expansión, el poder se revela autoritario, sin fisuras ni decoro. Por el contrario, visibiliza y exalta el uso de la fuerza, más allá de formalidades y apariencias democráticas propias de otra época: otra fase de la acumulación (la privatización de activos del estado posterior a la firma de los Acuerdo de Paz); otro momento en la correlación de fuerzas (procesos de diálogo abiertos por la firma de la paz); otro contexto internacional (neoliberalismo matizado por el Estado del bienestar y fuerzas socialdemócratas).

Hoy es la feria, perdón, la época de la desaparición del estado social y la democracia representativa, sustituidos sin transición por el socio fascismo, la mercantilización extrema, el poder legitimado del 0.001% de la población, como afirman la publicidad (revista Forbes en vallas publicitarias en las calles capitalinas) y las estadísticas. La acumulación basada en el despojo de territorios precisa de la violencia y permea la institucionalidad.

Se proponen reformas constitucionales para limitar derechos y favorecer la mercantilización y explotación de todos los recursos (por ejemplo, la pretendida privatización del subsuelo a través del usufructo del mismo, defendida por la Universidad Francisco Marroquín). Se apuesta por la reelección presidencial, es decir la reelección de Otto Pérez Molina, a sabiendas de la imposibilidad constitucional (legal) de la misma. Se coquetea, así, con el Golpe de Estado y se coquetea con la dictadura, o ya la vivimos, en su sentido de gobierno sin apego a la ley o que utiliza de forma desigual la misma: cuando me conviene sí, cuando no me conviene no, parafraseando las palabras de la socióloga argentina Isabel Rauber tras el golpe de estado en Honduras, cuya prolongación regional estamos viviendo.

El autoritarismo acuerpa la acumulación empresarial. Simbólicamente, la Constitución de 1965, heredera del golpe de estado militar de 1963, cuyas fuentes básicas son el anticomunismo, la contrainsurgencia y la Ley de Orden Público, se convierte en referente de “nueva” organización (Mario Fuentes Destarac): paso atrás o actualización del poder militar aliado con sectores económicos, formales y criminales, tradicionales y emergentes. 

El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la sociedad en función de esta doctrina. La paradoja –o la coherencia extrema de esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento absoluto; construye leyes y las niega al mismo tiempo; dialoga y ejerce la violencia.  

Es oficial. Se acaba la democracia, sino detenemos la involución autoritaria pro empresarial, prefigurada en la cascada de leyes y normas aprobadas (sin debate) o en discusión en el Congreso: solamente este año, Ley de servidumbres de transmisión eléctrica, Ventanilla única de importaciones, Ley de promoción de competitividad y empleo, Circunscripciones económicas, Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, Ley de promoción de la competitividad y empleo, reordenamiento militar, y otras. Rasgos comunes en estas diferentes normas son los siguientes:

convierten el desarrollo empresarial en interés nacional;
favorecen intereses de grandes (y pocas) empresas transnacionales, sin consideración a las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, comunitarias;
niegan el pago de impuestos, a pesar de la autonombrada responsabilidad social empresarial;
subordinan al estado;
en la práctica, crean espacios territoriales de legalidad y normatividad definidas por las empresas, al estilo de las Ciudades Modelo;
verticalizan el ejercicio del poder y fortalecen lógicas de exclusión;
atacan la autonomía municipal;
penalizan la oposición a las inversiones, reprimiendo la organización y oposición comunitaria;
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos económicos.  


Ley aprobada o en discusión
Descripción e implicaciones
Ley de servidumbres de transmisión eléctrica
Para garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un retraso de aproximadamente dos años, la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo Gubernativo 145-2013 (que declara de “urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de energía eléctrica”, e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de Transmisión Eléctrica.
La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al otorgar a un Juez de Paz o Tribunal de Primera Instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto.
Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos o Ley de telefonía 
Favorece oligopolios. Elimina la autonomía municipal y la posibilidad de recaudación municipal. Penaliza con ocho años de cárcel la oposición a instalación de infraestructura municipal. Convierte a la Superintendencia de Telecomunicaciones en el ente encargado de otorgar licencias de construcción de infraestructura, en detrimento de la autonomía municipal. Elimina la posibilidad de que las municipalidades obtengan beneficios económicos a cambio de la instalación de infraestructura (establece un pago único en vez de los pagos mensuales o anuales requeridos por las Municipalidades). 
Ventanilla ágil para las importaciones, reducción del poder de la SAT y falta de tributación empresarial
Fruto de alianza estratégica entre el sector privado y el gobierno para facilitar trámites de importación, que en la práctica reduce la capacidad de supervisión (y recaudación) de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En la misma línea, se encuentra el Anteproyecto de Ley Marco del Sistema de Competitividad y Productividad, iniciativa 4647
Títulos de usufructo del subsuelo
La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de CIEN.
En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como privados.
La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia.
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra, permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez años.
Exención de derechos arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de forma indefinida.
En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos). 
Circunscripciones económicas
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.
Elaboración propia. Textos de ley completos en Leyes para las empresas

La elaboración de leyes favorables a intereses particulares; la persecución a la organización social y los defensores de libertades; el debilitamiento de un Estado garante de derechos; la construcción de una institucionalidad y una legalidad proempresarial (o la superación autoritaria y por la fuerza de la misma) avanzan sin retrocesos y sin punto final. El sistema económico funciona a partir de la multiplicación y crecimiento constante de ganancias. A un negocio debe suceder otro, a una empresa e inversión otra nueva: gas natural o gas de esquisto (aprovechando el gasoducto binacional recién aprobado por los presidentes de Guatemala y México); privatización del agua (perdón, gestión integrada del recurso hídrico, con recursos entre otros de la cooperación española); privatización del mar (me excuso: desarrollo de los derechos mercantiles, como afirma el profesor peruano Enrique Ghersi, también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín). De todo se pueden obtener ganancias: disculpen, es desarrollo, civilización y progreso.

Este nuevo ciclo de reconfiguración autoritaria (Simona Yagenova), promilitar, que sustituye el ciclo de la Constitución del 85 (basado en principios de democracia representativa y vigencia del Estado de derecho, aunque de corte limitado) busca estabilizarse al menos los próximos 25 años, tiempo de “usufructo” de concesiones mineras, hidroeléctrica o petroleras, y de las facilidades tributarias y exenciones previstas en la Ley de promoción de inversiones y empleo.

La alternativa al vaciamiento institucional, legal, democrático, a la reversión de los (escasos) derechos y libertades vigentes, al incremento de la persecución y criminalización, es la construcción de nuevas formas de relación social, la promoción de valores colectivos, la definición de una institucionalidad y legalidad favorables a las mayorías, la apuesta por la ampliación del ejercicio de derechos, la promoción de la vida, y no la acumulación de ganancias, como eje de la acción política.

La alternativa pasa por la recuperación de principios que dieron vida a los Acuerdos de Paz (no necesariamente la literalidad incumplida y desactualizada de dichos acuerdos): la comprensión de la paz como proceso más que como documento; como apuesta social más que institucional; como movilización masiva (hoy considerada amenaza); como cultura  de transformación y no como razón pragmática; como construcción conjunta, plural, permanente y entusiasta, en  vez de la actual epopeya del desencanto, síntesis de lo que no fue.

La paz entendida como propuesta ilusionante, aglutinadora y colectiva: referente y guía de la agenda de cambios pendiente en Guatemala.




Notas
[1] Continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: "La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en Guatemala". Texto de MAAlbizures

[2] Comunicado de organizaciones defensoras de los derechos humanos: “La dirección del Ministerio Público (MP) es una posición clave y determinante para la garantía de justicia pronta y cumplida (…) La nómina de candidaturas que ha elegido la Comisión Postuladora, responde al pacto de impunidad que busca consolidarse. Un pacto que ha reunido en torno a la sombra de la impunidad tanto a estructuras responsables de graves violaciones a derechos humanos, como a sectores del poder económico oligárquico tradicional así como a sectores del crimen organizado". 


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