Después del 14

La elección de Junta Directiva del Congreso 2018 (13 de enero) fortalece la agenda de la corrupción y la agenda económica empresarial. Acciones para la impunidad de operadores políticos, aprobación de medidas a favor de empresas nacionales y transnacionales, criminalización y represión, emergen como prioridades de los actores tradicionales, y como amenazas para los sectores sociales.

La nueva Junta Directiva se promueve tras la (enésima) renovación del pacto de élites entre empresarios, poderes del Estado y actores internacionales (renovación operada de forma simbólica en el cónclave anual empresarial, 12 de octubre de 2017). En esta reunión, importantes sectores del empresariado organizado ofrecieron apoyo al Presidente Morales en el momento más crítico y débil de su gestión. Previamente, el nuevo embajador de Estados Unidos expuso las prioridades de la administración USA para Guatemala durante este periodo: gobernanza, seguridad y prosperidad, a las que se subordina la lucha contra la corrupción. Por ello los mensajes provenientes de la embajada USA en este periodo son calculadamente ambiguos y marcadamente contradictorios: la aceptación "condicionada" de la JD 2018 o el apoyo reiterado del embajador Arreaga a Jimmy Morales y el alcalde Alvaro Arzú son ejemplos  de esto.

Un país sin derechos y un Estado para las empresas

2018 abre puertas para sectores empresariales, criminales, partidarios, políticos tradicionales, transnacionales, al tiempo que traza líneas rojas para los derechos colectivos y las luchas sociales. Las amenazas directas son, entre otras, estas nueve:

Primera amenaza. La aprobación de la ley de reglamentación de consultas, en los términos marcados por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la hidroeléctrica Oxec el 26 de mayo pasado (sentencia complementada por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio). Esta ley, considerada de máxima prioridad por los empresarios, elimina el carácter vinculante de las consultas y la posibilidad de realizarlas según procedimientos propios de las comunidades, además de permitir la continuación de proyectos que están operando sin consentimiento comunitario (más de 80 en el caso de la minería, según una denuncia reciente interpuesta por el Movimiento Indígena, Campesino y Sindical y el diputado Leocadio Juracán).

De forma complementaria, los empresarios presionan por sentencias de la CC favorables a las empresas que ya están funcionando: después de Oxec aguarda, en la antesala de la impunidad empresarial y la cooptación del Estado, Minera San Rafael, cuyo proyecto está detenido parcialmente desde septiembre.

Segunda amenaza. Políticas y leyes para la persecución y criminalización, en la línea propuesta por el CACIF en septiembre. En esta fecha, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”). Esta propuesta es retomada parcialmente por el Congreso con la Iniciativa 5239, Ley contra actos terroristas, que tipifica como terrorismo las movilizaciones sociales.

Tercera amenaza. La Ley de infraestructura, orientada sobre todo a la construcción estatal-privada y gestión privada de carreteras (cobro de peaje) para lo cual los empresarios proponen adoptar el modelo de la Ley general de electricidad, aprobada durante el gobierno del padre del nuevo Presidente del Congreso. La aprobación de esta ley implicaría una nueva vuelta de tuerca al modelo neoliberal.

Cuarta amenaza. La conversión de la Agenda Nacional de Competitividad propuesta por los empresarios (y su modelo de desarrollo invasivo, extractivo-destructivo y excluyente) en política de Estado. La aprobación de esta política implica la destrucción de un Estado social y la hegemonía de un Estado construido para proteger inversiones empresariales y transnacionales. 

Quinta amenaza. La garantía de no persecución fiscal-tributaria y de mantenimiento de la actual cultura tributaria de exenciones y no pago, que imposibilita la inversión y acción públicas.

Sexta amenaza. Ley de competencia, ley de aguas que permita la utilización empresarial e impida la persecución por  desvío de ríos y usurpación de aguas, reactivación de la propuesta de ciudades modelo o zonas de desarrollo especial, reformas al servicio civil y ley de contrataciones, reformas a la ley electoral y de partidos políticos que no toman en cuenta las peticiones sociales de 2015, reformas al sector justicia que excluyen el pluralismo jurídico: un conjunto de cambios legales concebidos para eliminar competencia, o para provocar cambios en la superficie que mantienen intactas las estructuras.

Séptima amenaza. El impulso de la política de desalojos de comunidades de sus territorios: más de 40 previstos en el Polochic, más de 100 en todo el país. La nueva oleada de desalojos arrancó con los tres consecutivos realizados en Ch´ab´il Ch´och, Livingston (28 de octubre), La Cumbre, Tactic (1 de noviembre) y Semuy, Senahú (3 de noviembre), con violencia extrema contra las comunidades y pasividad de instituciones estatales de protección de derechos humanos (Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial de los Derechos Humanos).

Octava amenaza. El desvío de ríos y la apropiación del agua de empresas y fincas de monocultivo, sobre todo en bocacosta y Costa Sur, que destruyen la naturaleza e interrumpen los ciclos de vida de las comunidades. La complicidad del Estado y la inacción del Ministerio Público (ninguna denuncia ha prosperado) incrementan la conflictividad y tensiones en los territorios.

Novena amenaza (regional). El modelo hondureño (militarización de la seguridad, ciudades modelo o zonas de desarrollo, desaparición de la institucionalidad democrática) es un modelo a aplicar con variantes en Guatemala. El contexto guatemalteco no puede leerse sin tener en cuenta la situación en Honduras, donde se fortalece un gobierno y un sistema político de derechos restringidos: democracia autoritaria, dictadura civil-electoral, un proyecto autoritario-fundamentalista en auge desde 2009 (golpe de Estado en Honduras e intento de golpe en Guatemala.

 

Pacto de élites, pacto de los pueblos

Este pacto de élites (que incluye el pacto de corruptos pero es más amplio y estructural) se enfrenta con mayor organización y articulación (nuestra dispersión es su fortaleza y da alas a la impunidad). Dos grandes retos se plantean en lo inmediato:

Primer reto. El fortalecimiento de alianzas y articulaciones amplias, construidas con la participación protagónica de pueblos indígenas y comunidades, a partir de sus demandas y agendas. Estas alianzas deben renovar el repertorio de acciones, toda vez que las acciones impulsadas y las formas organizativas existentes no logran revertir el modelo económico de despojo y su superestructura política.

En particular, este contexto revela el agotamiento de un modelo
de cambios basado en la acción judicial (depuración y reformas promovidas desde el Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, en menor medida, Embajada de Estados Unidos) y en una agenda de reformas mínimas, que no enfrenta la complejidad de intereses y actores de dominación. Comparto el análisis de Marco Fonseca:

La forma cómo los poderes dominantes y sus camarillas de poder y de cartón entienden la restauración sin depuración sigue siendo el modelo que rige la política dentro del Estado neoliberal en Guatemala, sin importar lo que diga la embajada gringa, la Cicig, la fracción dominante que también quiere restauración pero con alguna depuración (en parte, para atraer más inversiones directas de las transnacionales y así ampliar el modelo extractivista de acumulación) o, de hecho, la ciudadanía «indignada». La indignación misma, de hecho, ha sido aplastada y se ha revelado, fehacientemente, como un significante político deficitario y corto. Marco Fonseca, Silencio político o división hegemónica

Segundo reto. La  discusión e impulso de una agenda integral, que tenga en cuenta no solamente las reformas políticas y del Estado, sino reformas estructurales del sistema económico y social (del sentido de vida y nuestro sentido de país) y que recoja las aspiraciones de las mayorías (más allá de una agenda de cambios promovida desde sectores urbanos y clases medias minoritarias).

 

2018, el año de...

La defensa del derecho de consulta en Cahabón y San Rafael Las Flores, la impugnación de un modelo de desarrollo que empobrece, la solidaridad con el pueblo hondureño que defiende soberanía y derechos amenazados, la alerta ante nuevos desalojos de población de sus territorios ancestrales, el rechazo de la criminalización y leyes que persiguen a luchadores sociales (reforma del código penal), el repudio a una nueva ola privatizadora (carreteras), la defensa del agua y los ríos, la liberación de los presos políticos, la construcción de alianzas y la profundización de movilizaciones populares, son -entonces- desafíos fundamentales para los movimientos sociales en 2018.



Minera San Rafael, pan para hoy, hambre para mañana



Andrés Cabanas. Colaboración especial para revista F-6 Cuilapa. 1 de noviembre de 2017

Pueblo xinca en Corte de Constitucionalidad
La violación de derechos de la población, con la complicidad de un sistema de falsos controles y falta de regulación estatal, es constante en proyectos extractivos en toda Guatemala. Minera San Rafael no es la excepción, ya que, entre otras anomalías, no respetó el derecho de consulta de la población, y provoca daños en la infraestructura (casas y terrenos rajados), en el medio ambiente (enfermedades, contaminación) y en general, en la cohesión social (comunidades divididas, polarización, represión y persecución a dirigentes comunitarios).

Estas situaciones están siendo evidenciadas, sin que exista respuesta institucional. Recientemente, las comunidades denunciaron ante el Ministerio Público que la Minera continúa operando, a pesar de la suspensión temporal del proyecto ordenada por la Corte de Constitucionalidad: se ha detectado ingreso de combustible y transporte de minerales extraídos, por vía terrestre y aérea. Sin embargo, el Ministerio Público no admite a trámite la protesta comunitaria. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas omiten las denuncias sobre contaminación, y admiten informes de impacto ambiental parcializados y poco rigurosos. 

Si bien la empresa afirma que está promoviendo empleo, riqueza en forma de servicios y regalías, y oportunidades para la población, los pobladores resienten las consecuencias negativas de un proyecto destructor y altamente contaminante. Por ello, las protestas aumentan.

Las cifras de creación de empleos directos e indirectos (80,000) no son creíbles, así como tampoco las de regalías (en función de la cifra real de ingresos, que no es pública). En cualquier caso, el debate no debe ser si la empresa crea empleos o no, si paga más o menos regalías, sino las consecuencias negativas de su actuar y las fracturas físicas y sociales que genera.

En la comunidad más cercana a Minera San Rafael, La Cuchilla, solo permanecen 16 familias de las más de 70 que habitaban inicialmente la zona. Es frecuente observar casas rajadas por los temblores. Los minerales que se depositan en los mantos freáticos y se trasladan al agua que se consume y los cultivos, los efectos de la contaminación para la salud, y la división social, se convierten en escenarios permanentes.  

La paradoja es esta: la Minera otorga algunos beneficios a corto plazo, que no compensan la violación de derechos y en general el deterioro natural y social. Cuando la empresa se vaya, dejará división comunitaria y desastre ambiental.

Ante esto, la organización comunitaria, la concienciación a quienes todavía no son conscientes de las consecuencias de la explotación minera, la articulación solidaria con otras comunidades en Guatemala que viven situaciones similares, la denuncia nacional e internacional, y las movilizaciones masivas y pacíficas, abren la posibilidad de detener estos proyectos, y empezar a trabajar por nuevos modelos políticos y económicos, respetuosos con el medio ambiente y de beneficio para toda la población. 


Paro nacional, privatización y despojo



Andrés Cabanas, 19 de septiembre de 2017
Mientras se mueven los límites del país que conocemos (se amplían, se reducen, o se desplazan y regresan a dónde estaban), los empresarios del CACIF avanzan en su propuesta de privatización de la red vial (y nueva reducción y privatización del Estado). La propuesta no es menor, sino el eje del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017 (Infraestructura para el Desarrollo, Vamos a la Obra) que los propios organizadores definen como estratégico y con visión de largo plazo.

La iniciativa empresarial se centra en la inversión pública y el cobro privado (carreteras de peaje) para lo que se propone la adecuación de la institucionalidad y el marco legal: una Ley o Política de Infraestructura; la modificación del modelo de asocios público privados, con menos controles y mayor poder empresarial; el aumento del Presupuesto del Estado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otras medidas que están en discusión.

El ejemplo regulador de la Ley general de Electricidad (1996) es la vieja base de lo que el CACIF denomina nuevo modelo de inversión. En mi opinión, es más y menos de lo mismo: más empresas y menos Estado, por tanto menos derechos, como evidencian los últimos 20 años de la historia de Guatemala.

Mi hipótesis es que esta ley es parte de una agenda tripartita (o era parte, porque se están reacomodando fuerzas y tácticas de forma aguda y acelerada para capear la crisis política) que incluye otros puntos de interés del Ejecutivo (antejuicio, remoción del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sustitución de la Fiscal Jefe del Ministerio Público, modificaciones a la ley de contrataciones, modificaciones a la normativa de extinción de dominio), del Congreso (presupuesto sin candados, fondos para gobernadores y diputados, modificación de ley orgánica para legalizar plazas fantasma) y de los empresarios: ley de infraestructura y ley de consultas comunitarias como fundamentales para garantizar negocios; ley electoral, ley de servicio civil y reformas al sector justicia para atenuar las crecientes protestas y deslegitimación de los poderes tradicionales.

En río revuelto, ganancia de empresarios

La política de infraestructura no es el único proyecto estratégico empresarial que camina, a pesar de la crisis o gracias a la crisis, en medio del repudio masivo a la clase política: como si la indignación social no alcanzara a empresas y empresarios empobrecedores y violentos.

Criminalización. El 1 de septiembre, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”. Estas demandas permanecen abiertas y amenazan prácticamente cualquier tipo de movilización social.

Anulación de la consulta previa. El 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia permite que la Minera San Rafael reanude sus operaciones, a pesar de haber incumplido el derecho de consulta.
La sentencia (pendiente de apelación en la Corte de Constitucionalidad) marcha en la dirección marcada por el sistema de justicia en el caso Oxec el 26 de mayo, y por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio: permiso para que las empresas que violaron el derecho a la consulta previa continúen operando; carácter indicativo, no vinculante, de la consulta; realización de consultas según un procedimiento estandarizado establecido por el Estado, y no según las formas y decisiones de las comunidades.

Transporte de energía. El 14 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas concede la tercera prórroga para que la transnacional TRECSA finalice el proyecto de transporte de energía eléctrica (construcción de líneas de transmisión de energía), aún careciendo el proyecto de “licencias sociales y comunitarias”, como reconocen empresarios, es decir, a pesar de la oposición social que está deteniendo el avance de las obras. La renovación del permiso a TRECSA favorece el modelo energético y de negocios que privatiza y comercializa los bienes de todos: electricidad para empresas, agroindustria y exportación.

Paro Nacional

Cuando los límites del país que conocemos se amplían (indignación, movilizaciones, masificación de propuestas de transformación estructural, nuevos actores, espacios simbólicos recuperados como los estudiantiles, planteamientos de autodeterminación y autonomías territoriales) el modelo económico de despojo se profundiza, sin concesiones: nuevos ámbitos de acumulación, idénticos actores, control empresarial del Estado. Paradójicamente, el modelo político se cuestiona, pero el debate sobre el modelo económico y su interrelación y articulación con aquel es todavía minoritario.

El Paro Nacional 20S tiene que ser, en este sentido, un espacio de movilización pedagógica, para visibilizar y denunciar la impunidad y el despojo de este modelo económico. En segundo lugar, el inicio de un ejercicio permanente de discusión y consensos entre organizaciones, para llegar a acuerdos sobre reformas inmediatas y reformas estructurales, que sean impulsadas articuladamente y al mismo tiempo (no de forma gradual, ni priorizada). Esto plantea, en tercer lugar, una lectura de 2017 a partir del cierre en falso de 2015  (nuevo gobierno que no cambió nada, profundización de la agenda neoliberal, reacomodos de élites) y la necesidad de no entrar en la misma dinámica.

Sin soluciones estructurales desde los pueblos, la crisis se alarga, para nosotros. Para los empresarios, si los dejamos, continúa la fiesta.