Minera San Rafael, pan para hoy, hambre para mañana



Andrés Cabanas. Colaboración especial para revista F-6 Cuilapa. 1 de noviembre de 2017

Pueblo xinca en Corte de Constitucionalidad
La violación de derechos de la población, con la complicidad de un sistema de falsos controles y falta de regulación estatal, es constante en proyectos extractivos en toda Guatemala. Minera San Rafael no es la excepción, ya que, entre otras anomalías, no respetó el derecho de consulta de la población, y provoca daños en la infraestructura (casas y terrenos rajados), en el medio ambiente (enfermedades, contaminación) y en general, en la cohesión social (comunidades divididas, polarización, represión y persecución a dirigentes comunitarios).

Estas situaciones están siendo evidenciadas, sin que exista respuesta institucional. Recientemente, las comunidades denunciaron ante el Ministerio Público que la Minera continúa operando, a pesar de la suspensión temporal del proyecto ordenada por la Corte de Constitucionalidad: se ha detectado ingreso de combustible y transporte de minerales extraídos, por vía terrestre y aérea. Sin embargo, el Ministerio Público no admite a trámite la protesta comunitaria. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas omiten las denuncias sobre contaminación, y admiten informes de impacto ambiental parcializados y poco rigurosos. 

Si bien la empresa afirma que está promoviendo empleo, riqueza en forma de servicios y regalías, y oportunidades para la población, los pobladores resienten las consecuencias negativas de un proyecto destructor y altamente contaminante. Por ello, las protestas aumentan.

Las cifras de creación de empleos directos e indirectos (80,000) no son creíbles, así como tampoco las de regalías (en función de la cifra real de ingresos, que no es pública). En cualquier caso, el debate no debe ser si la empresa crea empleos o no, si paga más o menos regalías, sino las consecuencias negativas de su actuar y las fracturas físicas y sociales que genera.

En la comunidad más cercana a Minera San Rafael, La Cuchilla, solo permanecen 16 familias de las más de 70 que habitaban inicialmente la zona. Es frecuente observar casas rajadas por los temblores. Los minerales que se depositan en los mantos freáticos y se trasladan al agua que se consume y los cultivos, los efectos de la contaminación para la salud, y la división social, se convierten en escenarios permanentes.  

La paradoja es esta: la Minera otorga algunos beneficios a corto plazo, que no compensan la violación de derechos y en general el deterioro natural y social. Cuando la empresa se vaya, dejará división comunitaria y desastre ambiental.

Ante esto, la organización comunitaria, la concienciación a quienes todavía no son conscientes de las consecuencias de la explotación minera, la articulación solidaria con otras comunidades en Guatemala que viven situaciones similares, la denuncia nacional e internacional, y las movilizaciones masivas y pacíficas, abren la posibilidad de detener estos proyectos, y empezar a trabajar por nuevos modelos políticos y económicos, respetuosos con el medio ambiente y de beneficio para toda la población. 


Paro nacional, privatización y despojo



Andrés Cabanas, 19 de septiembre de 2017
Mientras se mueven los límites del país que conocemos (se amplían, se reducen, o se desplazan y regresan a dónde estaban), los empresarios del CACIF avanzan en su propuesta de privatización de la red vial (y nueva reducción y privatización del Estado). La propuesta no es menor, sino el eje del Encuentro Nacional de Empresarios, ENADE 2017 (Infraestructura para el Desarrollo, Vamos a la Obra) que los propios organizadores definen como estratégico y con visión de largo plazo.

La iniciativa empresarial se centra en la inversión pública y el cobro privado (carreteras de peaje) para lo que se propone la adecuación de la institucionalidad y el marco legal: una Ley o Política de Infraestructura; la modificación del modelo de asocios público privados, con menos controles y mayor poder empresarial; el aumento del Presupuesto del Estado para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otras medidas que están en discusión.

El ejemplo regulador de la Ley general de Electricidad (1996) es la vieja base de lo que el CACIF denomina nuevo modelo de inversión. En mi opinión, es más y menos de lo mismo: más empresas y menos Estado, por tanto menos derechos, como evidencian los últimos 20 años de la historia de Guatemala.

Mi hipótesis es que esta ley es parte de una agenda tripartita (o era parte, porque se están reacomodando fuerzas y tácticas de forma aguda y acelerada para capear la crisis política) que incluye otros puntos de interés del Ejecutivo (antejuicio, remoción del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sustitución de la Fiscal Jefe del Ministerio Público, modificaciones a la ley de contrataciones, modificaciones a la normativa de extinción de dominio), del Congreso (presupuesto sin candados, fondos para gobernadores y diputados, modificación de ley orgánica para legalizar plazas fantasma) y de los empresarios: ley de infraestructura y ley de consultas comunitarias como fundamentales para garantizar negocios; ley electoral, ley de servicio civil y reformas al sector justicia para atenuar las crecientes protestas y deslegitimación de los poderes tradicionales.

En río revuelto, ganancia de empresarios

La política de infraestructura no es el único proyecto estratégico empresarial que camina, a pesar de la crisis o gracias a la crisis, en medio del repudio masivo a la clase política: como si la indignación social no alcanzara a empresas y empresarios empobrecedores y violentos.

Criminalización. El 1 de septiembre, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”. Estas demandas permanecen abiertas y amenazan prácticamente cualquier tipo de movilización social.

Anulación de la consulta previa. El 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia permite que la Minera San Rafael reanude sus operaciones, a pesar de haber incumplido el derecho de consulta.
La sentencia (pendiente de apelación en la Corte de Constitucionalidad) marcha en la dirección marcada por el sistema de justicia en el caso Oxec el 26 de mayo, y por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio: permiso para que las empresas que violaron el derecho a la consulta previa continúen operando; carácter indicativo, no vinculante, de la consulta; realización de consultas según un procedimiento estandarizado establecido por el Estado, y no según las formas y decisiones de las comunidades.

Transporte de energía. El 14 de septiembre, el Ministerio de Energía y Minas concede la tercera prórroga para que la transnacional TRECSA finalice el proyecto de transporte de energía eléctrica (construcción de líneas de transmisión de energía), aún careciendo el proyecto de “licencias sociales y comunitarias”, como reconocen empresarios, es decir, a pesar de la oposición social que está deteniendo el avance de las obras. La renovación del permiso a TRECSA favorece el modelo energético y de negocios que privatiza y comercializa los bienes de todos: electricidad para empresas, agroindustria y exportación.

Paro Nacional

Cuando los límites del país que conocemos se amplían (indignación, movilizaciones, masificación de propuestas de transformación estructural, nuevos actores, espacios simbólicos recuperados como los estudiantiles, planteamientos de autodeterminación y autonomías territoriales) el modelo económico de despojo se profundiza, sin concesiones: nuevos ámbitos de acumulación, idénticos actores, control empresarial del Estado. Paradójicamente, el modelo político se cuestiona, pero el debate sobre el modelo económico y su interrelación y articulación con aquel es todavía minoritario.

El Paro Nacional 20S tiene que ser, en este sentido, un espacio de movilización pedagógica, para visibilizar y denunciar la impunidad y el despojo de este modelo económico. En segundo lugar, el inicio de un ejercicio permanente de discusión y consensos entre organizaciones, para llegar a acuerdos sobre reformas inmediatas y reformas estructurales, que sean impulsadas articuladamente y al mismo tiempo (no de forma gradual, ni priorizada). Esto plantea, en tercer lugar, una lectura de 2017 a partir del cierre en falso de 2015  (nuevo gobierno que no cambió nada, profundización de la agenda neoliberal, reacomodos de élites) y la necesidad de no entrar en la misma dinámica.

Sin soluciones estructurales desde los pueblos, la crisis se alarga, para nosotros. Para los empresarios, si los dejamos, continúa la fiesta.




Septiembre 1821-septiembre 2017



Fotografía: Ana María Cofiño. Manifestantes rodean el edificio del Congreso, 15 de septiembre

Andrés Cabanas, 17 de septiembre de 2017

El 15 de septiembre de 1821 los criollos decretaron la independencia de España, para “prevenir las consecuencias temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. El 14 y 15 de septiembre de 2017 sectores populares y sociales reafirmaron la lucha por una independencia real, que implica una nueva organización estatal y social, desde los pueblos y no desde los actores tradicionales.

Una hipotética acta de estos dos días de septiembre diría aproximadamente:

El pueblo (en toda su diversidad y complejidad económica, etaria, étnica, de pensamientos, deseos y visiones) se auto convoca para prevenir:

Punto 1, Las consecuencias temibles en el caso de que el país siga en manos de las elites de siempre, que manejan las instituciones a su antojo y operan su pacto de impunidad para el despojo.

Punto 2, Las consecuencias todavía más temibles en el caso de que, después de varios relajos, las elites acaben firmando un nuevo pacto entre ellas, para que no cambie nada o cambie la superficie sin transformar este Estado-sistema de minorías.

En la película Groundhog day (El día de la marmota, Atrapado en el tiempo) el protagonista vuelve a vivir idéntica situación en el despertar de cada mañana. En Guatemala hemos vivido 195 días de la marmota, repetidos y cansinos 15 de septiembre con banderas equívocamente unificadoras, tambores de guerra, discursos vacíos de democracia, el falso país hecho por los ricos para ellos mismos. Donde ellos ven unidad nacional, independencia, desarrollo, progreso, armonía, aparecen injusticias y violencias con envoltorio azul y blanco, mientras todos seguimos encendidos en patrio ardimiento.

Ilusión y ficción. Este imaginario de unidad nacional y proyecto colectivo se agrietó el 14 y 15 de septiembre. Durante dos días, movilizaciones multitudinarias en la capital y todo el país cuestionaron leyes criminales, la impunidad legislativa y del ejecutivo, una institucionalidad y un ejercicio político separados del bien común y la promoción de derechos, en la creciente (y criminal, dice Claudia Samayoa) dictadura.

Pero la disputa de fondo fue simbólica, expresada –además de en discursos y palabras- en las acciones realizadas. Por ejemplo:

El día 14 en la tarde noche, se disputó el acto altamente emotivo de la izada de la bandera, realizado tradicionalmente por militares con presencia de todos los poderes del Estado. El acto fue suspendido y la bandera sustituida por un nuevo emblema, de rojo y luto. 
El día 15, en la mañana, el desfile de la independencia, demostración de autoridad de los poderes tradicionales (ejecutivo, legislativo, judicial, militar, iglesia, educación a través de las no inocuas bandas escolares) fue reemplazado por la movilización de la recuperada Asociación de Estudiantes Universitarios. Se anuló la celebración del acto de fundación de un proyecto falsamente colectivo.
El día 15, desfiles escolares en todo el país se convirtieron en denuncia de la patria del criollo.
El día 15, hasta entrada la noche, el poder legislativo, que traduce en puntos resolutivos, decretos y leyes de urgencia nacional los intereses consensuados de todos los actores dominantes, fue rodeado durante aproximadamente ocho horas por grupos de manifestantes. El encierro de más de 100 diputados no fue solamente externo sino el espejo de su aislamiento social: legisladores y gobernantes solos en sus trincheras, pretendiendo decidir con alevosía, criminalidad y sensibilidad nula sobre el destino de 15 millones de personas.

Esta es, en mi opinión, la importancia y el punto de ruptura de las movilizaciones del 14 y 15 de septiembre (que a la vez son consecuencia de luchas precedentes). Miles de personas firmaron el acta virtual de defunción de las falsas legitimidades sobre las que se construye este Estado y esta nación. Al retomar un largo ciclo histórico (al menos desde 1821) para empezar a construir uno nuevo, los horizontes políticos se amplían.

Por ello no es casual que en los escenarios de la disputa aparecen sobre todo los jóvenes (lo que nos recuerda el enorme peso referencial de las luchas estudiantiles y su potencial articulador). Rostros nuevos y otras prácticas políticas para enfrentar las continuidades pétreas y sus reacomodos periódicos. Certezas y verdades inmutables (la patria, la unidad nacional, los poderes legítimos) confrontadas desde la legitimidad de un nuevo país construido en las calles, con la población, de formas múltiples.

El día 15 a las 15 horas

Pero estos poderes y este Estado deslegitimado y aislado van a vender cara su retirada. Para sobrevivir, reforzarán sus señas de identidad-autoridad: nuevas leyes agresivas, criminalización de instituciones y sobre todo organizaciones sociales (estudiantes, movimientos territoriales, movimientos ciudadanos y de mujeres), intolerancia, oscurantismo. Más impunidad y poder ilegitimo.

A la par, acechan los que esperan pescar en este río revuelto, tanto operadores políticos que se desmarcan de otros operadores cuestionados, como el poder económico y empresarial, calculadamente ambiguo, que pretende resolver con reformas mínimas y a la carta (depuración del Congreso controlada, ley electoral que fortalezca sus privilegios y elimine competencia económica) una situación de crisis que solo es posible trascender con medidas de fondo, porque conecta lo conecta lo inmediato con lo “sistémico e histórico” (Simona Yagenova).

Falta mucho por hacer, pero una nueva idea de pueblo y colectividad está creciendo. Con todos los sueños y los retos: la articulación y unidad; la construcción en la diversidad –visiones y formas de lucha-; el desplazamiento del centro político urbano al pluriespacio territorial indígena y campesino; la búsqueda -a veces parece que imposible- de síntesis entre las coyunturas intensas y las transformaciones estructurales; la acción necesaria contra la explotación económica y sus actores indemnes; la necesidad de pensar en otro sistema y otro Estado más allá del actual fenecido y sus instrumentos reconocidos (partidos políticos, democracia representativa, etc.).

Si pensáramos en la segunda parte de la probablemente innecesaria Acta de Septiembre 2017, finalizaría más o menos así:

Punto 3. Este tiempo que vivimos contiene muchos tiempos: los que soñamos para el mañana y cuando los soñamos empiezan a hacerse realidad. Los que aprendimos de nuestros ancestros, durante generaciones. Somos herederas y herederos, guardianes de sus logros y luchas.

Punto 4. Este tiempo no es de verdades inmutables. Es de pluralidades, renovación, desafíos. Es el tiempo de los sueños y las dudas, de las convicciones y las incertidumbres, para seguir construyendo juntos y juntas.
(Este borrador puede ser enmendado, tachado, desechado, anulado o asumido. De todas formas, el viejo país muere y el nuevo viene. Y va).